El decreto del 19 de febrero, un hito del periodismo revolucionario

Por Miguel Miguel Pinto Parabá

La histórica disposición legal prohibió a los propietarios de los medios de difusión comerciales el despido de redactores “a causa de sus opiniones”; determinó el descanso dominical “obligatorio”; autorizó la edición del semanario Prensa dirigido por los periodistas, y aprobó la columna sindical (un contra-editorial), que aún tiene plena vigencia.
Los periodistas bolivianos, en 1970, se embarcaron en un proceso de rebelión contra el orden establecido. En ese marco, lograron la promulgación del Decreto del 19 de febrero, que les otorgó históricos derechos. Con esa medida se inauguró una ascendente insubordinación al interior de los medios privados, que fue detenida, el 21 de agosto de 1971, con el arresto y el exilio de decenas de trabajadores de la prensa.

Ese movimiento rebelde surgió en un periodo de crisis. La Guerra Fría (1945-1991) estaba en su etapa más tensa. En América Latina, bullían los conflictos. En cuba, la revolución se había consolidado. En Perú, el general Juan Velasco Alvarado ejecutaba medidas antiimperialistas (1968-1975). En Chile, Salvador Allende llevaba a su pueblo al socialismo (1970-1973). Y los medios informativos comerciales estaban en el ojo de ese huracán social.

Así, la efervescencia social, bajo el gobierno de Alfredo Ovando (1969-1970), no fue diferente. El movimiento guerrillero del Che de 1967 y las masacres mineras de 1965 y 1967 habían conmovido y radicalizado a los obreros y las clases medias citadinas.

Respaldo de periodistas

Según el entonces codirector del matutino católico Presencia, Alberto Bailey Gutiérrez, la nacionalización de la Gulf, la democratización del Estado, la profundización de la libertad de expresión, la desmilitarización de las minas, la libre vigencia de los sindicatos y la lucha contra la pobreza fueron las reivindicaciones que pusieron en combate a varios sectores.

Tras capturar el poder el 26 de septiembre de 1969 y con el fin de ganar apoyo popular, Ovando derogó la Ley de Seguridad del Estado y los decretos anti-sindicales. El 17 de octubre, nacionalizó la Gulf.

Ante ese ramillete de medidas, los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de La Paz (STPLP), dirigidos por Andrés Soliz Rada, determinaron el “apoyo crítico” al gobierno.

Empero, el régimen precisaba un respaldo más amplio para consolidarse.

La creación de un semanario

“¿Qué hacemos? ¿Hacemos un boletín? ¿Hacemos una cosa mejor?”, eran interrogantes que deambulaban por la mente de Alberto Bailey, tras ser nombrado ministro de Informaciones, Cultura y Turismo. Reveló que, primero, se pensó fundar una “Agencia Boliviana de Noticias”. El proyecto estaba avanzado, pero al final se frustró.

Bailey, no obstante, no se dio por vencido. Luego de hablar con algunos periodistas, planteó otro “proyecto”: la fundación de un periódico. “Yo confronto esto con algunos colegas del gabinete. Ellos me dan ideas, me apoyan y lo mejoramos. Recuerdo, de una manera muy clara, el apoyo, los aportes y las ideas del ministro de Minas y Petróleo, Marcelo Quiroga Santa Cruz (…) Él, más tarde me ayuda muchísimo en la elaboración del Decreto, lo mejora y lo perfecciona”.

Cuando el plan de la creación de un semanario estaba avanzado, Bailey y Quiroga convocaron a Soliz para intercambiar criterios. “Andrés nos apoyó en todo, su ayuda fue decisiva, él peleó por todo esto”, agregó Bailey. 35 años después, Soliz corroboró todo lo mencionado.

El Decreto del 19 de febrero

En ese sentido, el 17 de febrero de 1970, el directorio del STPLP, “angustiado por la función poco orientadora de la prensa nacional”, envió una misiva al ministro de Informaciones con cinco reivindicaciones: 1) la dictación de un decreto que “prohíba” la circulación de periódicos los lunes, a fin de que los trabajadores de la prensa tengan un descanso dominical “pagado” y “editen su propio semanario”; 2) el alquiler de los talleres del ex-periódico La Nación; 3) La “concesión” del 50 por ciento de las páginas editoriales a los periodistas asalariados; 4) la “inamovilidad” de los periodistas por razones de discrepancias ideológico-políticas, y 5) la creación del “impuesto” del 1 por ciento sobre el avisaje de las empresas con destino a los comités sindicales de los medios.

El 19 de febrero, el régimen de Ovando aprobó el Decreto N° 09113, donde 1) se prohibió a los dueños de los medios el despido de periodistas “a causa de sus opiniones”; 2) se concedió el descanso dominical “obligatorio”; 3) se autorizó la edición de un semanario de los periodistas, y 4) se aprobó la columna sindical, que aún tiene plena vigencia.

Cárcel y exilio

La medida causó revuelo entre los dueños de los medios. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó al gobierno.

Los “obreros de la prensa”, sin embargo, nunca se rindieron. Lucharon hasta el final. De acuerdo al periodista Daniel Rodríguez, publicaron centenares de columnas sindicales en todos los diarios. Editaron su semanario Prensa, que en cinco meses fue clausurado. Bajo el gobierno de Juan José Torres (1970-1971), cooperativizaron El Diario, ocuparon varios “medios reaccionarios” y se sumaron a las políticas del proletariado.

Pero, el golpe de Estado de Hugo Banzer, con cárcel y destierro, restituyó el orden mediático establecido.

Miguel Pinto Parabá es periodista.