La nacionalización y el piloto automatico
Casi todos los analistas afirman que los mayores ingresos del país por la venta gas se debe, exclusivamente, al aumento de precios a nivel mundial. De esta manera, la industria petrolera estaría conectada a una suerte de piloto automático, que tendría los mismos resultados con Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), Carlos Mesa Gisbert (CMG) o Evo Morales Ayma (EMA).
Según el gobierno, entre el 2006 y el 2013, los ingresos por la venta de gas alcanzaron a 22 mil millones de dólares (MMM), en tanto que las compañías obtuvieron 3.5 MMM, en el mismo lapso. ¿El resultado hubiera sido el mismo de mantenerse el DS 24806, de GSL, que transfirió a las petroleras la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo?
El 24806, del 04-08-97, fue dictado dos días antes de que GSL entregara la presidencia al general Bánzer. En apariencia, el DS sólo aprobaba un “modelo contrato”, pero su artículo 3º determinaba que las empresas eran dueñas de los hidrocarburos que afloraban a la superficie.
GSL dispuso que el DS no figure en la gaceta oficial, razón por la que sólo fue descubierto cuatro años más tarde. Demandada su inconstitucionalidad, el 05-12-03, los magistrados del gonismo: René Baldivieso, Elizabeth Iñiguez, Artemio Rojas y Martha Rojas determinaron su “constitucionalidad”.
En febrero de 2004, CMG abrogó el 24806, pero tal abrogación, al no ser retroactiva, no evitó que continúe aplicándose a los 78 contratos, firmados por 30 años. Bolivia, con sus reservas enajenadas, no podía oponerse legalmente a proyectos como el LNG de exportación de gas a California, que previamente sería utilizado por Chile.
Sobre el tema, Carlos Miranda (ex superintendente de hidrocarburos de GSL), dijo que se destruyó “un gran proyecto, que significaba salir de nuestra mediterraneidad, a partir del cual íbamos a tener al mundo como mercado del LNG” (“Página 7”, 06-12-13).
CMG, por su parte, mediante el DS 27238, de 04-XI-03, dispuso que el 50 % de las acciones de la capitalización, en poder de los bolivianos (el otro 50 % se había transferido al capital privado), sea dividido en 24 fracciones iguales, para ser subastadas. Dos de las 24 fracciones fueron enajenadas y tuvieron que ser recuperadas por el gobierno de Evo.
De proseguirse la enajenación de las acciones, el referéndum sobre el gas, convocado por el propio Mesa, carecía de contenido. Gracias al Decreto de Nacionalización, del 01-05-06, las acciones en poder de las AFP, fueron transferidas a YPFB. José Luís Roca, abogado del Ministerio de Hidrocarburos, tramitó exitosamente esa transferencia pese a la oposición de las AFP.
El régimen gonista determinó, además, que YPFB se convirtiera en “empresa residual”, prohibida de explorar, explotar o comercializar hidrocarburos. En los siete años de gobierno de Evo, YPFB – Corporación tiene a su cargo actividades de exploración, producción, comercialización, aviación, refinación, transporte e industrialización.
Es verdad que YPFB no es lo que podría ser. Aún no es una empresa corporativa como Petrobrás. Se incrementa la venta de gas al Brasil, con destino a Cuiabá, pese a que nuestras reservas certificadas sólo alcanzarán, según datos oficiales, para ocho años.
No tenemos una reserva estratégica para hacer funcionar las plantas de Bulo Bulo (amoníaco y urea) y de Gran Chaco (etileno – polietileno), para la siderurgia del Mutún o para industrializar el litio de Uyuni.
No existe información oportuna y transparente sobre los costos de producción y participaciones que benefician a las petroleras. La falta de aplicación de las auditorias influyó para que la nacionalización no pudiera ser profundizada.
Pero, a pesar de todo, la situación post Ley de Hidrocarburos 3058, de 17-05-05, y post nacionalización es radicalmente distinta a la que tendríamos hoy con una YPFB residual, con nuestras reservas enajenadas y con la venta total de las acciones de la capitalización al capital foráneo.